El lunes 18, el Gobierno Nacional informó el nuevo aumento a las jubilaciones y pensiones. Con este anuncio, nuevamente se trasgrede una Ley nacional. Esto no ayuda a generar confianza y afecta no solo a sus beneficiarios sino a una inmensa mayoría de argentinas y argentinos.
De acuerdo a las normas vigentes los incrementos de marzo debían corresponder a 11,56% y el de junio a 10,09%. Aumentos que no fueron respetados a partir de la suspensión de la ley de movilidad. Con esta resolución los jubilados pierden en esta instancia 5 puntos que se agregan a los 5 puntos perdidos en el mes de marzo. La suspensión de la Ley resulta ilegal e inconstitucional pues viola derechos adquiridos. Perdida de salario irrecuperable para quien trabajo una vida y ahorro a través del aporte jubilatorio para su sustento. Debemos resaltar que ya con la ley modificada del 2017 los jubilados y pensionados perdieron un 19% respecto a la inflación durante los años 2018 y 2019, y todavía hay un cuestionamiento en la Justicia respecto al aumento de marzo de 2018 por la retroactividad de la Ley 26417. La actualización de los haberes jubilatorios fue modificada por dicha LEY, que es bueno recordar fue aprobada por Cambiemos sin el acuerdo de los trabajadores y en el medio de una de las represiones más violentas que se recuerda en nuestro país. En diciembre de 2019 se aprobó la Ley de Solidaridad suspendiendo la aplicación de la misma por 180 días, oportunamente NO acompañada por el socialismo porque violaba derechos adquiridos que según la ley correspondientes.
“La seguridad social es un derecho humano fundamental consagrado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional correspondiendo al Estado la responsabilidad ineludible de garantizar su otorgamiento. En el derecho a la jubilación digna, el Estado es el sujeto pasivo de la relación con nuestros abuelos. Ellos exigen lo que les corresponde. El Estado es el destinatario de esas exigencias. Una sociedad que no cuida a sus mayores, que no los protege es una sociedad que incumple las reglas de la vida. Es como no cuidar o proteger a los propios hijos.”
La consolidación y reiteración de estas prácticas desnaturalizan el sentido de la seguridad social y transforman sus recursos en fuentes de financiamiento de otros sectores con mayor capacidad de presión por el peso de sus intereses.
Nuevamente se ajusta a los más débiles, mientras que a los sectores de mayores ganancias se les permite eludir su responsabilidad y necesaria solidaridad, frente a estos momentos difíciles por los que atraviesa la humanidad.
Como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades a través de nuestros legisladores, “proponemos que los recursos que ingresen en el ámbito de la seguridad social sean intangibles y se destinen exclusivamente a mejorar la calidad y cantidad de servicios y prestaciones que legítimamente les corresponden a los jubilados y pensionados de nuestro país”. Por ello también denunciamos el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES que han utilizado el mismo para otros fines no previsto en la ley de su formación y existen en la Justicia reclamos por este tema y por el entonces Diputado Socialista Ricardo Cuccovilo en el año 2011
Para que haya estabilidad debe haber confianza, para que esta prospere debe cumplirse la ley.
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